El lunes 13 de marzo de 2006 culminó de la peor manera un acampe de varios días en frente de la Municipalidad de San Vicente, alrededor de 5.000 personas se congregaron para reclamar por el destino de 99 mil pesos enviados por la Nación a la comuna para paliar la grave sequía que meses antes había azotado a los colonos de la zona. También exigían el arreglo de los caminos terrados de las colonias, una cuestión esencial para sacar la producción de las chacras. Esa tarde el histórico edificio municipal estaba envuelto en llamas.
El expediente penal que estuvo a cargo del entonces juez de Instrucción Tres de San Vicente, Juan Carlos Cantero, dio cuenta de una treintena de policías heridos. También se reportaron manifestantes lesionados, pero no hubo que lamentar víctimas fatales.En tanto, de las 16 detenciones que se produjeron en los días posteriores, sólo tres personas fueron procesadas en la causa que constó de 1.200 fojas.
Si bien en principio estuvieron en la mira políticos opositores, dirigentes agrarios, varios comunicadores y hasta ex colaboradores del intendente Luis Benítez, el expediente fue decantando en tres implicados: los productores Teodoro y Jorge Kusik, y Mirta Fernández, dueña de FM Libertad y casi 200 pedidos de detenciones más que luego no se efectivizaron.
En mayo del 2007 la causa fue elevada al Tribunal Penal Uno de Oberá, se tomaron testimoniales aunque quedó archivada y nunca se concretó el debate oral. Finalmente, el último miércoles,16 años después, las partes fueron notificadas de la prescripción de la causa.
Uno murió
Según el Código Penal, una causa prescribe cuando transcurre un período igual al máximo de la pena del delito que se le imputa al acusado sin que se realice el juicio. Es decir, los imputados quedaron libres de toda culpa y cargo. Y a pesar de que la Justicia no pudo determinar su inocencia o culpabilidad, nunca más podrán ser investigados por el delito en cuestión.
Dicho de otra manera, el incendio de la Municipalidad de San Vicente quedará impune.
De los tres procesados que tuvo el expediente, la más complicada fue Mirta Fernández, imputada por incendio calificado y atentado contra la autoridad aunque las pruebas eran poco sólidas, muchas directamente sin sentido, de hecho la prescripción de la causa operó sobre el máximo de la sentencia que podría haber recibido la mujer.
Mientras, los Kusik fueron acusados de atentado contra la autoridad. Por los años transcurridos desde el hecho, Teodoro Kusik falleció sin conocer el dictamen de la Justicia. Al momento del hecho el colono tenía 60 años y padecía una aneurisma en la pierna derecha. Estuvo 20 días detenido y las condiciones de encierro derivaron en el deterioro de su salud, al extremo que a los pocos días de su liberación padeció la amputación de la pierna.
El incendio ocasionó el daño total del edificio de la Municipalidad y del Concejo Deliberante. Se perdieron archivos y documentación institucional y de los contribuyentes. Sólo para volver a registrar terrenos y comercios fue necesario confeccionar 3.400 carpetas.
En los años posteriores muchos vecinos fueron intimados a pagar tasas que decían que ya habían abonado, pero no contaban con los respectivos comprobantes, lo que derivó en innumerables conflictos.
Con respecto a por qué sólo tres personas fueron procesadas, oportunamente el juez Cantero explicó que hubo “más detenidos e investigados, pero cada una de las causas fueron cayendo debido a la falta de testigos”. Incluso opinó que los testigos “sabían más de lo que dijeron. Pero nadie dijo nada”.
“El fuego comenzó por los manifestantes. Se inició en el sector de recaudaciones del edificio municipal y después se fue expandiendo a toda la Municipalidad por la misma gente que utilizó gomas y bidones. Esto lo determinaron los peritos del cuerpo de bomberos de la Policía de la Oberá”, indicó entonces.
Sobre el rol de Fernández, el juez consideró que desde su medio de comunicación habría actuado como instigadora del incendio.
Fuente: El Territorio.
