Las tarifas de todas las modalidades de transporte público de pasajeros que se ofrecen en esta ciudad siguen sin estar reguladas por el Municipio, lo que afecta no sólo a la calidad de la prestación sino también a la arbitrariedad de las tarifas, exclusivamente en manos de las empresas: en el caso de los colectivos, toman como referencia el costo del boleto en Oberá; no así para taxis y remises, que están liberadas.
Los usuarios de taxis y remises son los que más se quejan por los precios de los viajes. Es que no hay una ordenanza que establezca el costo del pasaje y el criterio que se usa para cobrar los viajes varía según el trabajador del volante, la empresa a la que éste pertenece o el horario en que se presta el servicio.
Desde el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante reconocen que la regulación del precio del transporte público de pasajeros es una cuenta pendiente que se viene arrastrando desde hace muchos años y varias gestiones.
El actual presidente del Concejo y edil reelecto Raúl Peñalba Jost coincidió con el jefe comunal en que es complicado “consensuar con los trabajadores y los propietarios de las empresas de remises”. De hecho, “es muy difícil aplicar las ordenanzas con los remiseros y taxistas”, aseguró.
Peñalba recordó que se aprobaron varias ordenanzas que competen al transporte de pasajeros, pero que no tuvieron que ver con las tarifas, sino con la antigüedad de los vehículos que funcionan como remís o taxi y otros temas vinculados a la seguridad. Ahora, la intención es aplicar un color determinado en los vehículos para identificarlos, pero los propietarios y trabajadores no están dispuestos a aplicarlo. “La intención del municipio no es imponer, sino consensuar, y en ese sentido se está trabajando”, acotó el edil.
Con respecto al transporte urbano de pasajeros, Peñalba Jost confirmó que “hace falta una ordenanza amplia que regule toda la actividad”. Explicó que en su momento se aprobó el llamado a concurso para cubrir dos líneas, pero no se presentó ningún interesado.
Hasta ahora, las autorizaciones para explotar las líneas urbanas son otorgadas de forma provisoria por el Ejecutivo con la aprobación del Concejo Deliberante y tienen validez por un determinado período y en el caso de que haga falta una nueva ordenanza para dar continuidad al servicio, se aprueba. “Lo que prevalece es dar solución inmediata al usuario, pero queremos una solución definitiva y en ese sentido estamos trabajando”, insistió.
El también concejal reelecto (ahora por la renovación) Héctor Omar Arndt fue quien planteó la necesidad de regular el sistema del transporte público. “Se tiene que trabajar en forma inmediata”, remarcó, recordando que presentó al inicio del período legislativo 2010 un proyecto de ordenanza con ese fin y hasta ahora no avanzó por falta de acuerdo con el Ejecutivo, según dijo.
Hay una ordenanza de hace unos años que establece como referencia para el precio del pasaje de colectivos el costo del boleto que se aplica en Oberá, aunque los empresarios aseguran que los valores en San Vicente son más bajos que en la Capital del Monte y -en realidad- en toda la provincia.
Los usuarios de taxis y remises son los que más se quejan por los precios de los viajes. Es que no hay una ordenanza que establezca el costo del pasaje y el criterio que se usa para cobrar los viajes varía según el trabajador del volante, la empresa a la que éste pertenece o el horario en que se presta el servicio.
Desde el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante reconocen que la regulación del precio del transporte público de pasajeros es una cuenta pendiente que se viene arrastrando desde hace muchos años y varias gestiones.
El actual presidente del Concejo y edil reelecto Raúl Peñalba Jost coincidió con el jefe comunal en que es complicado “consensuar con los trabajadores y los propietarios de las empresas de remises”. De hecho, “es muy difícil aplicar las ordenanzas con los remiseros y taxistas”, aseguró.
Peñalba recordó que se aprobaron varias ordenanzas que competen al transporte de pasajeros, pero que no tuvieron que ver con las tarifas, sino con la antigüedad de los vehículos que funcionan como remís o taxi y otros temas vinculados a la seguridad. Ahora, la intención es aplicar un color determinado en los vehículos para identificarlos, pero los propietarios y trabajadores no están dispuestos a aplicarlo. “La intención del municipio no es imponer, sino consensuar, y en ese sentido se está trabajando”, acotó el edil.
Con respecto al transporte urbano de pasajeros, Peñalba Jost confirmó que “hace falta una ordenanza amplia que regule toda la actividad”. Explicó que en su momento se aprobó el llamado a concurso para cubrir dos líneas, pero no se presentó ningún interesado.
Hasta ahora, las autorizaciones para explotar las líneas urbanas son otorgadas de forma provisoria por el Ejecutivo con la aprobación del Concejo Deliberante y tienen validez por un determinado período y en el caso de que haga falta una nueva ordenanza para dar continuidad al servicio, se aprueba. “Lo que prevalece es dar solución inmediata al usuario, pero queremos una solución definitiva y en ese sentido estamos trabajando”, insistió.
El también concejal reelecto (ahora por la renovación) Héctor Omar Arndt fue quien planteó la necesidad de regular el sistema del transporte público. “Se tiene que trabajar en forma inmediata”, remarcó, recordando que presentó al inicio del período legislativo 2010 un proyecto de ordenanza con ese fin y hasta ahora no avanzó por falta de acuerdo con el Ejecutivo, según dijo.
Hay una ordenanza de hace unos años que establece como referencia para el precio del pasaje de colectivos el costo del boleto que se aplica en Oberá, aunque los empresarios aseguran que los valores en San Vicente son más bajos que en la Capital del Monte y -en realidad- en toda la provincia.
Fuente: Primeraedicionweb.com.ar
