Ariel Acosta era suboficial de policía y se desempeñaba en el área Adicionales de la Unidad Regional VIII, de San Vicente. El miércoles 25 de noviembre tomó la trágica decisión de terminar con su vida y destapó una oscura trama de supuesta corrupción policial.
Desde ese momento se lo vinculó con el desvío de fondos que se recaudan por la prestación del servicio de seguridad y vigilancia. Tras su deceso, se encontró un recibo en el que consta el pago de 335 mil pesos a una firma comercial; en devolución de una supuesta sobrefacturación.
Desde ese momento, la Jefatura abrió un sumario administrativo, a través de Asuntos Internos, y hay una causa que se tramita en la Justicia de Instrucción.
¿Acosta actuó sólo o hay otras personas detrás? Para su padre, Ariel era sólo “un soldado de la Corte”. Incluso, sostiene que no le perdonaron que no se prendiera en temas pesados.
A continuación, la entrevista con Luis Acosta, docente jubilado y padre del uniformado que dejó en vida una esposa y dos hijos.
¿Qué decir de este momento?
Estamos totalmente abatidos; sorprendidos por la actitud de él, jamás pensamos que iba a ocurrir algo de semejante envergadura. Está claro que pasaba un mal momento.
¿Él eligió ser policía teniendo otras posibilidades?
Exactamente, le dimos la posibilidad de estudiar pero eligió ser policía.
¿Lo vio el día en que tomó la drástica decisión?
Sí, sí. Todo comenzó unos días antes de las elecciones del 25 de octubre. Me llamó por teléfono para pedirme que, por favor, le consiguiera 400 mil pesos. Le dije ‘no sé de dónde querés que un jubilado saque ese dinero’. ‘Y para qué necesitás esa plata’, le pregunté. ‘Después te explico’, me respondió. El sábado fuimos a San Vicente para votar y ahí me contó. Mencionó que el jefe y subjefe, no sé sus nombres, movían unos fondos. Él era encargado de la parte donde se designaban las custodias. Eso era lo que sabía. De esos fondos; según me contó mi hijo, ocupaban una parte porque estaban construyendo una mansión; uno en Oberá; el otro no sé dónde. Le dijeron a él si quería usar, porque tenía ganas de hacer un garaje. Que hiciera el garaje y que devolviera la plata como pudiera. Pasó las elecciones y le intimaron a él. Le pregunté si sacó esa plata, me dijo que no; que ‘lo único que saqué fueron los materiales para mi casa. Firmaba el retiro en la ferretería que está frente a la Unidad Regional’. Y el encargado de pagar esa factura era el superior jefe de él. Eso es lo que me contó. Le insistí; porqué te intiman a pagar todo eso de golpe, si saben que es imposible ese pago. ‘Bueno, me dijo, él (por el jefe) me pidió que saliera a marcar territorio con mi auto’. Y qué es marcar territorio, le retruqué, ‘es ir adelante de los camiones o camioneta que llevan la mercadería’, me dijo. Qué mercadería, pregunté, ‘y la droga papá, la droga; yo me negué a eso’. Ahí fue cuando le intimaron al pago, argumentando que iba a venir una auditoria que iba a revisar todo el movimiento financiero y que tenían que estar los números en cero.
¿Le pidieron que abriera camino para restituir el dinero que faltaba?
Exactamente. Al no aceptar, le requirieron el pago.
¿Para usted los jefes no sólo sabían sino que eran partícipes de la maniobra?
Exactamente. Los compañeros de él, que son de la misma graduación, afirman lo mismo.
¿Cómo era la maniobra?
Según comentaron los compañeros, a las empresas comerciales que usaban los servicios de la Policía les cobraban tantos servicios y les mandaban menos servicios. Ahí fue cuando las empresas del lugar descubrieron el tema.
¿Había una suerte de sobrefacturación?
Prestaban servicio por catorce y hacían figurar 19...
Hacían figurar 199 por mes en una de las casas (comerciales) cuando, en realidad, les enviaban 45, 50.
Una versión indica que un comerciante le habría dicho al jefe de Unidad que no iba a radicar denuncia, pero que devolvieran el dinero. ¿Maneja esa versión?
No; lo único que yo sé es que a mi gurí le exigieron el pago del dinero. Al otro día de las elecciones me llamó. Le dije que la única forma de conseguir ese dinero era vender mi casa, en el barrio Guazupí, en calle 115 y 124 de Posadas. Llevé a la inmobiliaria y me dijeron que podían vender la propiedad en 550 mil pesos. Después volví a decirles que eran 335 mil y que el resto me pagaran como pudieran. El dueño de la inmobiliaria aprovechó la situación y me dijo, ‘yo tengo esa plata, te la doy y vos me transferís la propiedad. Y bueno, dije, el asunto era salvar allá. Me sacó del apuro; así que por ese lado valoro; pero yo creyendo que iba a salvar la situación. Le dije a mi hijo, hacele firmar a los jefes que vos pagaste esa plata. Pero me sorprendió, después del fallecimiento, que fue y le pagó a una firma comercial. Lo bueno es que quedó el recibido del dinero. Esa documentación se va a entregar a la Justicia cuando lo pida.
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