Los avances en materia de comunicación nos permite saber prácticamente todo muy rápidamente, sobre todo si de hechos policiales se trata. En cuanto a esto los periodistas últimamente resumimos nuestro trabajo a un informe que nos envían desde Prensa de la Provincia o desde alguna Unidad Regional, en principio suena genial porque nos ahorra tiempo y esfuerzo ya que viene preredactada, directamente de las fuentes y en muchos casos con material extra como fotos, audios o videos. El problema es que nos acostumbramos a aceptar esta versión de los hechos sin contrastar o averiguar más antes de difundir, incluso en algunos casos directamente se copia y pega sin siquiera hacer una corrección ortografía o sintáctica. Esto llevó en más de una ocasión a encontrarnos con historias completamente diferentes a lo que se difundía oficialmente.
En realidad lo que hoy me lleva a hacer esta nota es incluso peor que la información a medias y es directamente la falta total de información.
El estar bien informados es un derecho fundamental de la democracia pero en algunas ocasiones la información pública es usada como si fuera propiedad del funcionario de turno y no de bien público como dice su nombre. Ellos no sólo tienen la obligación legal sino también ética de proveer información y no de usarla o restringir su uso según intereses particulares o institucionales.
Comento esto porque en los últimos días nos enteramos que el pasado viernes a la mañana la pareja de un policía habría usado el arma reglamentaria de este para perpetrar un robo en una vivienda a metros de la Comisaría de la Mujer, a metros de la Unidad Regional VIII de San Vicente y prácticamente al lado de la vivienda del Comisario Mayor Rippel. Habría sido tan violento el hecho que se escucharon dos detonaciones, incluso algunos insisten que uno de los proyectiles terminó en la vivienda del Comisario Mayor (para más detalles hacer click en el enlace o en notas relacionadas). La pregunta que nos hacemos es ¿Cómo algo así no tomó transcendencia? Es verdad que la justicia actuó y que, tanto el policía como la perpetradora están detenidos pero ¿y el común de la gente? ¿Cómo se enteran de lo sucedido, por ejemplo, quienes viven ahí y hasta el día de hoy siguen sin saber nada? ¿Es necesario encubrir este hecho? Y de ser así ¿por qué? ¿Había secreto de sumario? La situación no amerita que se aplique pero si lo había tampoco se nos informó de ello.
Es por eso que desde el fin de semana pasado estuvimos tratando de recabar información en base a lo que nos contaban nuestros lectores, teníamos muchos datos pero varios de ellos eran contradictorios así que, nobleza obliga, llamamos a funcionarios, al departamento de prensa de la Unidad Regional VIII y lo único que obtuvimos fueron evasivas. Insistimos ante el Departamento Prensa de la Policía de Misiones y la respuesta fue prácticamente igual. Lógicamente no tardó el saberse todo y más tarde que temprano salió a la luz, a pesar de ello me quedan muchas dudas y lo peor es darme cuenta que si algo como esto terminó siendo "silenciado" no me quiero imaginar la cantidad de cosas en mayor o menor medida que no nos están contando o directamente no se sabrán nunca.
Solo espero que nuestros empleados, es decir los funcionarios públicos, recapaciten en esta innecesaria acción porque lo único que logran es hacer que la ciudadanía, en vez de confiar más en las fuerzas policiales, terminen dudando de ellas.
Daniel Orloff, Director de San Vicente Informa.
