El 13 de marzo de 2006, San Vicente se vio sacudida por un incendio que consumió su Municipalidad y el Concejo Deliberante. Aquel día, una multitud de 5 mil personas se había reunido para exigir respuestas sobre el uso de 99,000 pesos (33.000 dólares) destinados a mitigar los efectos de una severa sequía. La protesta escaló rápidamente y el edificio histórico fue devorado por las llamas.
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En los días subsiguientes, 16 personas fueron detenidas, pero solo tres enfrentaron un proceso judicial. La causa, que acumuló 1,200 fojas, languideció en los tribunales sin llegar a juicio oral. Hace pocos años llegó la notificación de la prescripción lo que marcó el fin de la causa sin responsables condenados.
El giro inesperado llegó cuando aquellos absueltos demandaron al municipio por daños y perjuicios, ganando aparentemente en primera instancia, esto habría ocurrido por la falta de apelación por parte del ejecutivo municipal y la resolución final habría llegado entre 2022 y 2023 con un fallo judicial favorable de uno de los demandantes que aún sigue vivo. El monto y formas de pago que recaerían sobre los habitantes de San Vicente aunque los detalles permanecen ocultos, generando un halo de dudas sin respuestas.
El incendio no solo dejó ruinas físicas; la pérdida de documentación vital requirió la reconstrucción de 3.400 expedientes para restaurar el registro de propiedades y negocios. A casi dos décadas del evento, la comunidad de San Vicente aún busca cerrar las heridas de aquel trágico suceso, mientras la justicia parece haber dejado sus preguntas sin ninguna respuesta.
