En la sesión del pasado miércoles 2 de octubre del Concejo Deliberante de Dos de Mayo, Misiones, se volvió a poner sobre la mesa una situación que ya genera gran controversia: el nuevo contrato de comodato presentado por el intendente Ricardo Weber, relacionado con su propia estación de servicio, Lawer, ubicada sobre la Ruta Nacional 14. Este nuevo comodato pretende subsanar las irregularidades del primero, pero ha traído consigo más preguntas que respuestas.
La concejal Marcela Velázquez señaló que este contrato es otro intento de enmascarar posibles conflictos de interés. La cuestión radica en que, al ser propietario de la estación de servicio, el intendente podría estar beneficiándose económicamente de la venta de combustible al municipio. Esta situación ha derivado en recomendaciones de Velázquez, quien sugirió que el municipio adquiera un tanque de combustible y dos surtidores para instalar en el Galpón Municipal, evitando así cualquier especulación en torno a la relación comercial entre el ejecutivo y su propia empresa.
El comodato no solo ha sido criticado por el vínculo ético que genera, sino también por los errores en la documentación. El contrato original indicaba un domicilio en otra provincia, lo cual contraviene los requisitos para un intendente en funciones, y aunque en el nuevo acuerdo se intenta corregir esto, persisten inconsistencias. Para complicar aún más la situación, en el nuevo contrato solo figuran dos de los cuatro surtidores inicialmente declarados. Desde el ejecutivo aseguran que el Tribunal de Cuentas de Misiones no ha detectado irregularidades en las facturas. Sin embargo, las inconsistencias en la documentación han minado la confianza pública, y la comunidad exige mayor claridad y transparencia.
Contratos en el ojo de la tormenta: el caso de Gabriela González y Sebastián Escalante
En paralelo, otro contrato ha levantado polvareda: la contratación por parte del municipio de Gabriela González, pareja de Sebastián Escalante, jefe coordinador de gabinete. Según un documento, González recibió $700,000 por un trabajo de 10 días que consistió en la regularización de deudas vencidas. Este contrato ha sido criticado no solo por el breve tiempo de ejecución y el alto valor percibido, sino también por el evidente vínculo con Escalante, lo que ha generado sospechas de favoritismo en la asignación de este servicio.
El escándalo de Carlos Germán Arrúa: una condena ignorada
Finalmente, el caso de Carlos Germán Arrúa ha intensificado aún más las tensiones en el municipio. Arrúa, condenado por corrupción y con una prohibición judicial de ejercer cargos públicos, no fue despedido por el intendente Ricardo Weber, sino simplemente suspendido por 30 días. Esta medida ha generado indignación, ya que contradice la sentencia de la Justicia que prohíbe de manera permanente su regreso a la función pública.
La concejal Marcela Velázquez denunció esta irregularidad durante la misma sesión del 2 de octubre, señalando que la suspensión de Arrúa no es suficiente y que debería ser removido de manera definitiva. Sin embargo, el intendente ha justificado su accionar en base a un dictamen jurídico que recomendaba la suspensión mientras se realizara un sumario administrativo para "llegar a la verdad objetiva". Este proceso sigue su curso, pero el regreso de Arrúa a sus funciones tras el cumplimiento de los 30 días de suspensión ha sido considerado por muchos como un claro desafío a la justicia.
Una gestión bajo la lupa
El panorama político en Dos de Mayo está cada vez más enrarecido. Entre contratos cuestionados, decisiones judiciales desoídas y manejos poco claros, la gestión de Ricardo Weber enfrenta un escrutinio público sin precedentes. La comunidad, liderada por voces como la de la concejal Velázquez, exige respuestas claras y una gestión transparente que restituya la confianza en las instituciones locales. La presión sigue aumentando, y el intendente Weber deberá enfrentar las consecuencias si no toma medidas concretas para solucionar estos graves problemas.
