El Parque Provincial Piñalito, una de las reservas naturales más importantes de la provincia, fue escenario de un grave caso de extracción ilegal de madera. A pesar de que el Ministerio de Ecología habría recibido una denuncia anónima el 14 de diciembre de 2024, recién actuó el 6 de enero de 2025, permitiendo que los responsables talaran al menos 80 árboles de especies nativas valuadas en más de 100 millones de pesos.
Denuncia con coordenadas precisas, pero sin respuesta inmediata
Al parecer la denuncia inicial advertía sobre la presencia de maquinaria pesada en la reserva e incluía coordenadas GPS precisas del área afectada. Sin embargo, la falta de acción permitió que los taladores operaran con total impunidad durante semanas. La tala masiva afectó especies protegidas como anchico, grapia y laurel, altamente valoradas en el mercado maderero.
No fue hasta el 6 de enero que inspectores del Ministerio realizaron una primera recorrida en la zona, confirmando el daño ambiental. Cuatro días después, el 10 de enero, la cartera ecológica presentó una denuncia formal en la comisaría de Tobuna, lo que permitió que la investigación tomara impulso.
Un aserradero en San Pedro y una máquina clave en el caso
El 14 de enero, la policía detuvo al propietario de un aserradero en San Pedro tras encontrar en su establecimiento rollos de madera sin las marcas reglamentarias, sospechadas de haber sido extraídas del parque. Además, se incautó una máquina motoarrastradora en un lote vecino a la reserva, utilizada presuntamente para trasladar los troncos.
Las investigaciones apuntan a una familia de madereros de la zona como los principales sospechosos del saqueo forestal.
Críticas a Ecología por su demora y sospechas de omisión de deberes
El caso ha desatado una fuerte polémica en la provincia, con críticas dirigidas al Ministerio de Ecología por su tardanza en intervenir. Organizaciones ambientalistas y referentes del sector advierten que esta inacción pudo facilitar el delito y permitir la pérdida irreparable de recursos naturales.
Algunos sectores ya hablan de un posible "incumplimiento de deberes de funcionario público" por parte de las autoridades responsables, y exigen sanciones para quienes hayan demorado la actuación en este grave hecho de depredación ambiental.
