Organizaciones campesinas se reunieron en el Kilómetro 90 de la ruta 17 del departamento de San Pedro. Participaron más de cien referentes de organizaciones rurales y parajes de la región que impulsan la regularización de las tierras que ocupan. Durante la jornada, los participantes expresaron su preocupación por la demora en la efectiva aplicación de la Ley 4093 (de Arraigo y Colonización), así como por el juicio de desalojo en la propiedad conocida como Ricceri S.A. y la falta de información en las gestiones en el Lote “S”, Los Cencerros, Joisson, y Reserva “Plan Piloto”.
Además del Subsecretario de Tierras de la Provincia, Jaime Ledesma Baigual y el director de Tierras Privadas Juan Manuel Díaz, concurrió al cónclave el diputado Héctor Bárbaro del Partido Agrario y Social y técnicos de instituciones de apoyo.
“En las cuatro propiedades incluidas en la Ley de Arraigo y Colonización existen dos situaciones”, manifestó el titular de Tierras de la Provincia. “Por un lado en Agroforestal y Schmidt – que involucran 4500 hectáreas- el gobierno adquirió los inmuebles, entregó constancias de ocupación y se ha avanzado en las mensuras prediales. Por otro lado, en Colonizadora Misionera, Puente Alto y Maderas Nativas – 38 mil hectáreas- no se ha llegado a un acuerdo con los titulares registrales. La diferencia entre el valor estipulado por el Tribunal de Tasaciones y lo que piden los titulares registrales alcanzan los 30 millones de pesos, por lo cual el gobierno provincial está tramitando juicios”.
Sobre este punto, los referentes campesinos volvieron a insistir en la necesidad de “las constancias de ocupación que nos permitan acceder a programas productivos y servicios como la conexión eléctrica”.
El funcionario manifestó que en el marco de las gestiones que están realizando enviaría informes sobre las familias ocupantes a los Ministerios del Agro y Ecología para agilizar el ingreso de estas familias a estos planes y se comprometió a realizar consultas ante el presidente de Electricidad de Misiones Sociedad Anónima (EMSA), para la realización de los tendidos eléctricos.
Sobre este punto, las organizaciones recordaron al funcionario que las once escuelas que funcionan en la zona ya han sido georeferenciadas, y que a partir de esta información se puede proceder a verificar la ubicación de las familias circundantes, lo que facilitaría la concreción del servicio eléctrico a las mismas.
Con respecto a la propiedad Ricceri, las 80 familias reiteraron su preocupación ante el juicio de desalojo vigente y exigieron “la intervención del estado provincial”.
“Nos hemos comunicado con los asesores legales de la propiedad y les hemos ofrecido realizar un convenio entre el titular registral y los ocupantes para acordar el pago de la tierra a valor producto en un plazo de cinco años, y hasta ahora no nos respondieron pero vamos a insistir”, explicó Ledesma.
En referencia al lote “S”, ubicado sobre la ruta provincial 20, Ledesma expresó que “se está avanzando en la gestión de compra de las tierras y antes de fin de año se realizarán los trabajos de relevamiento y comprobación de datos de las familias allí residentes y luego avanzar en la adjudicación de constancias de ocupación”.
Finalmente, sobre la superficie de la reserva fiscal conocida como “Plan Piloto”, los funcionarios informaron que se ha presentado un proyecto de ley para convertirlas en tierras fiscales disponibles para su adjudicación, y que “en quince días se estará bajando a la zona para avanzar con las mensuras”.
Al término del encuentro - del que participaron la Asociación de Comunidades Campesinas por el Trabajo Agrario, Asociación de Productores de Pozo Azul, Grupo Unidos Ruta 20, Cooperativa CCT Pozo Azul la Cooperativa de Dos Hermanas, Asociación Civil Pozo Azul, y ocupantes poseedores de los Parajes de Colonia Unida, El Polvorín, Puente Alto, “Plan Piloto”-, se acordó con los funcionarios una próxima reunión para dentro de veinte días en el Paraje Piray de la ruta provincial 20.
