La policía tiene el deber de informar a la población sobre las actividades que realiza con los recursos públicos, pero se limita a dar detalles de algunos hechos delictivos que ocurren en la región. En los últimos meses, las autoridades en general parecen haber adoptado una política de silencio y evasión, que dificulta el trabajo periodístico y la transparencia informativa.
De hecho, nuestras últimas publicaciones se basan casi exclusivamente en los testimonios y mensajes que nos envían los propios lectores. En estos tiempos, la policía solo informa sobre las novedades que le resultan favorables, como la resolución de casos, las detenciones o los allanamientos, y se escuda en supuestas órdenes judiciales para no dar cuenta de otros hechos que involucran a la sociedad, diciendo que estos son “delitos o circunstancias de instancia privada”.
Esta actitud deja en la sombra temas que afectan profundamente a la sociedad, como el consumo y el tráfico de drogas, el contrabando, la depresión, los suicidios, el abandono de persona y otras cuestiones que evidencian un momento delicado, donde el estado tiene una gran responsabilidad por su falta de asistencia o acción efectiva.
Fuentes de diversas fuerzas de seguridad, que prefieren mantener el anonimato, confirman que incluso ellos se sienten frustrados por la inacción de la justicia, ya que no da curso a sus investigaciones, pruebas, escuchas o solicitudes de allanamientos. Incluso hablan de persecución interna. La gente, por su parte, comenta cada vez más que “la policía sabe quién es el chorro pero no actúa”, lo que genera una sensación de impunidad e inseguridad.
A esto se suma la sospecha de que en los últimos meses se ha incrementado la participación de uniformados o ex uniformados en presuntos hechos de delincuencia, como el abigeato, el robo, el tráfico o las coimas, lo que implicaría incluso la existencia de zonas liberadas o connivencia con el crimen organizado.
Ante este panorama, el periodismo se enfrenta al desafío de traer o no a la luz lo que pasa y queda a merced de la duda y la especulación, dificultades propias de la profesión, ya que rápidamente aparecen los aprietes, las amenazas y la falta de rentabilidad, lo que obliga a muchos a buscar nuevos rumbos. El resultado es una población cada vez más ignorante de lo que pasa incluso en su propio barrio, lo que favorece la manipulación y el control social. ¿Es esto lo que quieren las autoridades del poder ejecutivo y judicial? Por ahora, solo hay teorías, especulaciones y opiniones, pero se espera que algún día den explicaciones en caso de que todo esto sea cierto.
