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INFORME ESPECIAL:
El Soberbio es considerada Capital Nacional de la Invalidez ya que varios certificados médicos aseguran que la mayoría de las personas que los tramitan tinen más del
90% de incapacidad. Estos “salpican” la transparencia de funcionarios públicos y médicos de esta localidad.
A raíz de un controvertido
abuso de certificados por discapacidad con más del 90% de invalidez que fueron otorgados en la ocalidad de El Soberbio, llegaron hasta el municipio representantes del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y del Anses con el fin de corroborar 800 diagnósticos que establecieron los doctores Pedro Russo Laura Glier y Dante Javier Meza. El viernes 17 de septiembre del 2012, la directora del Hospital de El Soberbio Sandra Besold recibió un llamado de Representante del Ministerio de Acción Social de la Nación Saúl Kuperman, para poner en aviso a las autoridades que se iban a cambiar los formularios que otorgaban las pensiones y que desde el Ministerio de Salud de la provincia determinaron que la única médica autorizada a verificar, auditar y firmar los diagnósticos que se realizan en el municipio a partir de la fecha, sería la doctora Sandra Besold.
El lunes siguiente llegaron hasta el Hospital algunos representantes del Anses, un médico auditor y una trabajadora social a dialogar con la directora y e Intendente Alberto “Coleco” Krysvzuk e informar que habían notado desde el Ministerio de Acción Social de la Nación,
un abuso en la entrega de certificados por discapacidad que aseveraban más del 90% de invalidez en más del 20% de los casos y que la mayoría de los diagnósticos
no avalaban el grado de incapacidad que figuraba escrito en esos legajos.
Esta sospecha derivó en una auditoría que intervino esa semana a más de
800 pensiones que habían sido otorgadas por esos profesionales.
De esas 800, solo siguen su curso 50 pero El Soberbio no es la única localidad que hizo abuso en la entrega de pensiones.
También se investigó Bernardo de Irigoyen y Aristóbulo del Valle (entre otras).
Según el subsecretario de Salud, Oscar Herrera
“todos los pueblos van a ser revisados porque se está viendo que hay gente que fue rechazada y que realmente la necesita”.
Otra fuente anónima aseguró que aquellas localidades que tengan más del 20% de certificados con más del 82% de invalidez van a ser inspeccionados.
La Revista de El Soberbio ATP dialogó con los médicos que analizaron a los pacientes, establecieron el grado de discapacidad y
cobraron en la mayoría de los casos,
un arancel que iba desde
150 pesos a 500. El doctor Dante Javier Meza aclaró que sólo dio certificados a personas que tenían algún problema radiológico o clínico y que a partir de este año dejó de hacer certificados porque notó el abuso. “Yo discutí con una mamá que me trajo a su hijo para hacerle una pensión porque según ella no sabía hacer nada”. Otra vez, una vecina me confesó que dos hermanos hicieron su pensión conmigo con la misma radiografía pero presentada con dos meses de diferencia. Cuando me enteré de eso me indignó, por eso dejé de hacerlos. Los hago en casos extremos”, se defendió.
Por otra parte, la doctora Laura Glier expresó que en muchos casos los certificados se entregaban de manera gratuita. Incluso
la ex directora del Hospital María Felipa Castillo llegó a pedir 280 pesos por su firma. A esos montos hay que sumarle además el derecho que exigían algunos funcionarios de la municipalidad que para gestionar el trámite ante el Anses, cobraban como mínimo 100 pesos. “
Lo que yo cobro acá es 150 pesos por la consulta médica, yo no cobro el papel, cobro el trabajo”, explicó Russo. Además aseguró que “no van a poder comprobar si el diagnóstico es cierto o falso. No tengo problemas que me realicen una junta médica.
“
El Presidente del Concejo Deliberante Carlos Pereira me dio 100 pesos para que realice mi pensión por discapacidad. Tengo 22 años y soy completamente sana. Luego de solicitar el certificado me arrepentí de presentarlo Pero recibí un llamado de Pereira ofreciendo una carta de recomendación para que presente mis papeles ante la Municipalidad. Pero las mujeres que me atendieron cuando llevé mi legajo me dijeron
'acá la mugre se tapa con mugre, si querés hacer tu pensión tenés que pagar 100 pesos'”, denunció una joven que prefirió proteger su identidad ante la Revista ATP.
Su certificado fue firmado por el doctor Pedro Russo y María Felipa Castillo quienes determinaron que sufría una Poli Artropatía de columna vertebral, entre otras afecciones y limitaciones que determinaban una incapacidad física total y permanente del 90%. Aprovechando la presencia del
gobernador Maurice Closs en El Soberbio, la revista lo entrevistó para saber si estaban a tanto de lo que estaba sucediendo. “
Es muy bueno la cantidad de pensiones que se están entregando en El Soberbio porque es recurso que entra al pueblo. Con esos recursos la gente gasta en el almacén, en el kiosco y en el comercio ocal. Es plata que de otra forma no llegaría porque no viene por la Coparticipación, viene de Fondos Nacionales”, contestó.
Sin embargo,
el secretario privado del Gobernador Miguel Onetto, manifestó que “
el Anses está haciendo inspecciones porque hay irregularidades. Van a verificar y analizar cada una de las pensiones. Lamentablemente en el medio siempre queda gente que a lo mejor sí la necesita y está pagando un costo muy alto. Pero si hay médicos que están tergiversando un diagnóstico, el Colegio Médico tendrá que intervenir y decirle "usted dio esto que no existe" y tomar as medidas que correspondan en cada caso”.
La denuncia de la joven dejó en evidencia a Juan Carlos “Jaír” Pereira y al intendente Alberto “Coleco” Krysvzuk quienes para
adherir votos y ganar las próximas elecciones utilizan a la gente que tiene necesidades, y al verse contaminados, denunciaron públicamente en la radio FM Sucesos que la doctora Sandra Besold, el concejal Carlos Besold, el concejal Roberto Machado y el periodista de FM Guaraní Martín “Chango” Morinigo habían sido los responsables de la presencia del Anses aquí en el Soberbio.
La revista ATP también pudo corroborar que el “inmaculado”
Presidente del Concejo Deliberante Carlos “Jaír” Pereira tiene a su esposa y a su hija pensionadas.
La editorial de la revista se reserva el nombre de los documentos presentados.
Fuente: Revista ATP, El Soberbio.
En San Vicente los números están en rojo y esto no solo afecta lo comercial sino también lo institucional. 
