El Concejo Deliberante de San Vicente aprobó la semana
pasada la Ordenanza N° 41 que tiene como principal objetivo la “Identificación
de asentamientos irregulares y sus habitantes”.
La propuesta la hizo al HCD el secretario de Gobierno y
Coordinación de la Municipalidad de San Vicente, Miguel Ángel Lima. En sus
considerandos la normativa expresa que “existe la necesidad de hacer un
ordenamiento territorial del municipio e identificar los barrios y habitantes
de las tierras irregulares”.
En su artículo 1 la Ordenanza dice que “rige para todas las
fracciones de tierras que no se encuentren debidamente regularizadas, como
propiedades sin fraccionamiento, tierras fiscales provinciales, propiedades
municipales y otras irregulares que se encuentren en el ámbito del Municipio de
San Vicente”.
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*Imagen ilustrativa |
“La Municipalidad de San Vicente a su vez sufre un gran
perjuicio económico debido a la imposibilidad de percibir tasas y/o
contribuciones, por la no identificación de los habitantes de las tierras que
no están debidamente regularizadas”.
La autoridad de aplicación de la nueva disposición queda en
manos de la Secretaría de Planificación Ambiental y Ordenamiento Territorial de
la Municipalidad de San Vicente. Pero antes el Ejecutivo municipal debe reglamentar la forma
en que se va a hacer el censo y cuáles son los requisitos que deben tener los
ocupantes de las tierras.
“El Departamento Ejecutivo Municipal va a establecer la
reglamentación correspondiente, lo referente a los procedimientos y a la
documentación y requisitos a presentar”.
Los ocupantes identificados serán responsables “de tributar
la Tasa General de Inmueble bajo el mismo régimen que establece la Ordenanza
Tributaria vigente. Cualquier cambio en la situación registrada deberá ser
comunicado por el responsable ante el Departamento Ejecutivo Municipal,
manteniendo la responsabilidad mientras ello no ocurra”, dice en otro artículo
la normativa.
Según dicho relevamiento el 60 por ciento de esos
asentamientos no tiene dos de los servicios básicos como ser energía eléctrica
o agua potable, como así también tienen problemas con el permiso de la tenencia
de tierras. Se detectaron 2.159 familias que vivían en esta situación en
la ciudad en ese entonces, la que en cuatro años pudo haberse modificado, es
decir aumentado.