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| Barrio Nuevo, al lado del Hospital en Tierra Fiscal |
Se estima que el 50% de la población de este municipio vive en una situación irregular respecto a la tierra que habitan. Son cientos de familias -tanto de la zona rural como urbana- las que tienen un permiso de ocupación precario y vencido o directamente pueblan propiedades que usurparon.
En la zona rural, según se supo extraoficialmente, los colonos tienen el permiso de ocupación que le da derecho de vivir sobre esas tierras, pero no hacen los trámites para acceder a un título de propiedad, sólo pagan los impuestos. Salvo que ese título sea una exigencia para su actividad, por ejemplo la extracción de madera.
Otro problema serio es la falta de subdivisión de los lotes. En el área rural es común que un colono que tiene una necesidad urgente de dinero venda parte de su chacra, pero esos lotes no son subdivididos como corresponde ni se notifica el traspaso, por lo que cuando pasan los años y se necesitan las documentaciones al día, no las tienen.
A pesar de su trascendencia, la clase política no quiere hablar sobre el tema porque involucra a mucha gente que se traduce en votos para las próximas elecciones y cualquier declaración puede afectar a los candidatos. Desde el Estado aseguran que se regularizaron muchas situaciones, pero los resultados son mínimos ante la gran cantidad que existe.
El dirigente social Ramón “Chicho” Álvez, quien vive desde hace más de medio siglo en San Vicente y conoce la historia local, explicó que esto se debe a cómo se formó la ciudad: la gente llegaba, se metía en los lotes vacíos y comenzaba a trabajar: no le importaba su situación legal. Por eso, el hombre lo considera “una situación cultural y de necesidad. Si acá siempre se hizo de esa manera y siempre hubo soluciones o nadie los molestó, facilita que se siga haciendo lo mismo. Pero también es necesidad: San Vicente nunca paró de crecer y sigue en crecimiento, se forman nuevas familias y no tienen cómo comprarse un terreno, por eso se meten en los lugares baldíos”.
En el caso de los colonos, “cuando un hijo decide formar su nueva familia no le queda otra que buscar un lugar donde plantar para vivir y mantener a los suyos. Eso hace que se meta en las propiedades de grandes terratenientes que muchos de ellos no saben siquiera dónde queda”.
Álvez no recuerda que en el municipio se haya hecho jamás un plan de regulación para la población. Los primeros loteos se hicieron antes de que se forme San Vicente, sobre la ruta 14. Luego se pobló todo la zona fiscal y recién a fines de los 80 se loteó esa franja.
Agregó que hay barrios que se formaron de la misma manera: eran lotes fiscales y la gente que los ocupaba como chacras y quintas fue vendiendo fracciones sin mensura. Así surgieron barrios muy grandes y que hasta ahora no tienen una solución.
Uno de los casos que no se resolvió todavía es el de los barrios Progreso y San Roque González. La primera mensura se hizo en 1999, ocho años después se hizo una nueva mensura pero aún no fue aprobada. Para resolver los problemas de límites de los terrenos, el Concejo Deliberante aprobó la apertura de calles más angostas de lo permitido. Todavía no recibieron el permiso de ocupación.
Históricos y emblemáticos
En cuanto a la usurpación de propiedades, son harto conocidas varias situaciones en este municipio. La más antigua es la de “La Maderil”, unas 3.000 hectáreas cercanas al ejido urbano que fueron ocupadas a principios de los años 70. La Comuna hizo juicio a los propietarios por la deuda en concepto de tasas municipales, ganó los derechos sobre esas tierras y las subdividió hace unos tres años, pero todavía no entregó los permisos de ocupación a las más de 300 familias que viven allí.
Otro de los casos más notorios fue la propiedad Agroforestal, en el kilómetro 1.278 de la ruta nacional 14. Después de un plan de lucha de sus ocupantes junto con otras propiedades usurpadas en la zona de San Pedro, estas tierras entraron en un plan provincial de expropiación, pero todavía no se resolvió su situación de tenencia definitiva.
El barrio Unidos, a unos dos kilómetros del centro de San Vicente, tuvo mejor resultado para los ocupantes que se instalaron allí a mediados de los 90. El problema se resolvió cuando el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) compró la propiedad y vendió los lotes a las aproximadamente 500 familias allí residentes, que están pagando en cuotas.
En los últimos meses se comenzó a mensurar la superficie de los barrios San Miguel y Tarumá. Es una zona que se pobló hace poco tiempo, pero hay problemas de límites entre los vecinos y eso hace que se atrase la aprobación del loteo para entregar los permisos de ocupación. A los mismos pobladores no les interesa estar legalizados, sino tener un lugar donde vivir.
El caso más reciente es el del lote frente al barrio Unidos, una chacra que tenía plantaciones de té y con un permiso de ocupación vencido. Cuando algunos se enteraron de la situación, ocuparon el lugar y -tras un proceso de negociación entre las partes y el Gobierno provincial- los intrusos se quedaron en el lugar y los supuestos dueños con el derecho que les da el permiso de ocupación otorgado por la Provincia.
Pero la usurpación más resonante de los últimos tiempos tiene como foco las manzanas 39 y 40, a la espalda del hospital local, donde más de sesenta familias ingresaron el año pasado y tomaron posesión de pequeños lotes, reclamando un lugar para hacer sus casas y criar a sus hijos. Pasaron nueve meses, la Justicia no resolvió nada y los moradores siguen en el lugar, sin solución a su situación y sin los servicios mínimos indispensables.
Las dos manzanas estaban en posesión de una persona que dejó vencer el permiso de ocupación, la Provincia tomó el dominio de la tierra pero el damnificado accionó judicialmente y consiguió que le den permiso de ocupación de una parte de los lotes. El resto quedó en manos estatales, pero la gente se enteró de que iban a repartirse entre personas amigas del poder y decidió ocupar los lotes de forma irregular. Uno de los ocupantes, Pedro Friedrich, justificó que “nosotros somos pobres y tenemos derecho igual que los ricos a tener un pedazo de tierra para hacer nuestra casa”.
Desde su origen
El sacerdote Jorge Maniak, quien vive en San Vicente desde hace más de cuarenta años y conoce casi desde su origen el surgimiento y la consolidación de la ciudad, define que “hubo una ‘guerra’ entre el fisco y la propiedad”, describiendo así la disyuntiva que había entre ocupar una tierra fiscal y comprar una parcela privada. Los que vieron como una zona muy próspera a la actual Capital de la Madera buscaron lotear y vender chacras, quintas y terrenos, pero la preferencia de los que llegaban era ocupar para trabajar y, en su mayoría, se ubicaban en la zona fiscal que iba desde la ruta nacional 14 hacia el río Uruguay.
Pero también estaban los que se metían en propiedades privadas. Una de las primeras ocupadas fue la mencionada La Maderil, donde hay pobladores que viven desde hace más de cuarenta años en lotes que ellos mismos delimitaron o que heredaron de sus progenitores.
Otra propiedad usurpada fue San Jorge, también muy próxima al centro de la ciudad, pero sus ocupantes no tuvieron la misma suerte que los anteriores y fueron desalojados. No tuvieron ni siquiera la oportunidad de comprar la tierra que trabajaban.
Con el tiempo surgieron nuevas intrusiones, pero las propiedades privadas -con sus dueños en alerta- casi no lo sufrieron. Entre los terrenos fiscales, algunos casos fueron muy difundidos, como las mil hectáreas de la ruta provincial 15 que pasaron a manos del Municipio o la también mencionada Agroforestal, que son 3.000 hectáreas incluidas en la Ley de Expropiación de la Provincia.
Fuente: Primeraedicionweb.com.ar
